El panorama legal para las empresas que operan en la Unión Europea está experimentando un cambio fundamental. Con la aplicación de la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), las compañías están ahora obligadas a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente, no solo en sus propias operaciones, sino en toda su cadena de suministro global.
Las sanciones por incumplimiento de este nuevo marco legal son severas. Las autoridades competentes pueden imponer multas disuasorias que pueden alcanzar un porcentaje significativo de la facturación neta mundial de la empresa infractora. Además, la normativa abre la puerta a la responsabilidad civil, permitiendo a las partes afectadas (como ONG o comunidades locales) presentar reclamaciones por daños directamente contra las empresas ante los tribunales europeos.
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